El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora impuso una inhabilitación por 50 años para ocupar cargos públicos y una sanción económica por 134 millones 895 mil 183 pesos a Juan Alan “N”, exfuncionario del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como resultado de una investigación por responsabilidades administrativas graves.
La dependencia precisó que Juan Alan se encuentra prófugo de la justicia. En el mismo caso, su esposa, Andrea Fernanda, permanece recluida en el Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo, donde enfrenta un proceso penal por enriquecimiento ilícito, además de un procedimiento previo por peculado.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que en septiembre formuló imputación y obtuvo prisión preventiva justificada contra Andrea Fernanda, al acreditar su presunta participación en el manejo y ocultamiento de recursos públicos desviados por su cónyuge durante su paso por el Cecop. La medida cautelar fue impuesta para garantizar su comparecencia durante el proceso.
De acuerdo con la investigación ministerial, entre septiembre de 2023 y marzo de 2025 se realizaron transferencias bancarias por más de 106 millones de pesos desde cuentas a nombre de Juan Alan hacia cuentas de su esposa. La fiscalía señaló que estos recursos habrían sido utilizados para la adquisición de bienes inmuebles y para cubrir gastos personales. Las autoridades aseguraron cuentas bancarias y bienes vinculados al caso, y mantienen abiertas diligencias para identificar otras operaciones relacionadas.
De manera paralela, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que mantiene abierta una investigación contra ocho funcionarios del Cecop por su presunta participación en un desvío de 67 millones de pesos, detectado mediante transferencias irregulares a cuentas personales, confirmó la titular de la dependencia, María Dolores del Río Sánchez.
El expediente de responsabilidad administrativa por peculado fue turnado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, mientras la FGJES desarrolla una investigación penal. Del Río Sánchez detalló que, además de cinco servidores públicos inicialmente señalados, tres más son indagados por presuntamente facilitar los trámites que permitieron el desvío. La auditoría al organismo inició el 1 de abril de 2025, tras una denuncia del exdirector del Cecop. Como medidas cautelares, cuatro funcionarios fueron suspendidos temporalmente, se les redujo el salario y se ordenó el embargo precautorio de un inmueble vinculado a uno de los investigados.
