Desde el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las redadas migratorias se han intensificado, en respuesta, activistas han desarrollado herramientas digitales para advertir sobre la presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Estas plataformas permiten compartir ubicaciones y fotografías de operativos en tiempo real, emulando el funcionamiento de servicios como Google Maps, Uber y Waze.
Entre las más utilizadas se encuentra ICEBlock, creada por Joshua Aaron, quien declaró que su intención fue “generar una respuesta ciudadana ante el incremento de detenciones”.
La plataforma ha ganado visibilidad especialmente en California, en parte gracias a la cobertura de medios como CNN ante ello, las autoridades federales han expresado su rechazo, señalando que estas herramientas “comprometen la labor de los agentes migratorios”.
La Casa Blanca y el Departamento de Justicia han manifestado que investigan tanto a los creadores de estas aplicaciones como a los medios que las difunden.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, señaló que los desarrolladores podrían estar “incurriendo en delitos al obstaculizar operativos oficiales”, en tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, mencionó posibles acciones legales contra la cadena CNN por su cobertura del tema.
CNN respondió que su trabajo “se limita a informar, sin promover el uso de las aplicaciones”.
ICEBlock, por su parte, incluye advertencias sobre el uso responsable de su contenido.
Documentos internos consultados por la ONG Property of the People indican que, aunque la mayoría de los usuarios son civiles que buscan evitar el contacto con autoridades, existe la preocupación de que algunos perfiles puedan representar una amenaza.
Otras plataformas como People Over Papers y ResistMap también han ganado relevancia.
Estas herramientas permiten reportes verificados sobre presencia de agentes, tipo de uniforme y actividades.
En conjunto, han alcanzado millones de visualizaciones y son especialmente utilizadas en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
Las autoridades han calificado su existencia como “motivo de investigación y han cuestionado su impacto en la seguridad nacional”.
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