Un juez en Bolivia emitió una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, quien no se presentó a una audiencia programada para resolver su situación jurídica.
La decisión, anunciada por el juez Nelson Rocabado en una sesión pública, también incluyó la declaración de rebeldía de Morales, lo que suspende el proceso judicial hasta que comparezca ante las autoridades.
El caso está relacionado con una acusación de trata de personas que involucra una relación con una menor de edad durante el periodo en que Morales ocupaba la presidencia.
Según la fiscalía, los padres de la menor habrían permitido la relación a cambio de beneficios políticos, lo que derivó en el nacimiento de una hija en 2016.
El expresidente niega los señalamientos y asegura que la investigación previa sobre el mismo hecho fue cerrada en 2020.
En la audiencia, además de la orden de aprehensión, el juez dispuso el congelamiento de los bienes de Morales y le prohibió salir del país.
La defensa presentó certificados médicos argumentando problemas de salud, como bronconeumonía y bradicardia, para justificar su ausencia en la audiencia anterior, sin embargo, el juez desestimó esta justificación, afirmando que no representan un impedimento válido según las leyes bolivianas.
Morales se encuentra en el Trópico de Cochabamba, un territorio donde cuenta con el apoyo de miles de seguidores.
Según líderes locales, más de 2 mil personas están organizadas para garantizar la seguridad del expresidente y evitar que sea arrestado.
Desde que se hicieron públicas las investigaciones, Morales sostiene que enfrenta una «persecución política» liderada por el gobierno de Luis Arce, su antiguo aliado político.
Ambos están en disputa por el control del partido oficialista y la candidatura presidencial del próximo año.
La fiscalía advierte que, de ser hallado culpable, Morales podría recibir una condena de entre 10 y 15 años de prisión.
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