Julian Assange: la Justicia del Reino Unido permite nueva apelación contra su extradición a EE. UU.

Julian Assange continuará luchando contra su extradición a Estados Unidos, según decidió este lunes el Alto Tribunal en Londres. La corte ha aceptado los argumentos de la defensa, que sostiene que el fundador de WikiLeaks podría enfrentar discriminación por su nacionalidad australiana y no recibir la protección total de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que ampara la libertad de expresión.

La defensa de Assange tiene hasta el 24 de mayo para presentar su apelación, en lo que podría convertirse en otro largo proceso judicial. Esta situación persiste a menos que Estados Unidos opte por abandonar el caso y considere el tiempo que Assange ha pasado en una cárcel a las afueras de Londres como suficiente. Desde hace meses, el equipo legal de Assange y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han estado negociando la posible retirada de los cargos, según reveló el Wall Street Journal en marzo y confirmó el presidente Joe Biden en abril. El caso contra Assange se inició en 2019 bajo la administración de Donald Trump, acusándolo de robo y publicación de documentos clasificados.

Assange enfrenta en Estados Unidos 17 cargos por espionaje y uno por pirateo informático, relacionados con la obtención y divulgación de información confidencial hace 15 años. La fiscalía alega que conspiró con Chelsea Manning, una analista del ejército condenada a 35 años de prisión en 2013, sentencia que fue conmutada por Barack Obama en 2017. WikiLeaks publicó cientos de miles de documentos gubernamentales, incluidos algunos sobre operaciones militares en todo el mundo. El Departamento de Justicia critica especialmente la divulgación sin la colaboración de medios, acusando a Assange de no proteger a activistas de derechos humanos, periodistas y otras fuentes, exponiéndolos a riesgos en países como China, Irán, Irak, Siria y Afganistán.

Gran parte del material se refiere a hechos de hace casi dos décadas, y en muchos casos, la información ya había sido publicada o ampliada por otros medios estadounidenses. El Departamento de Justicia sostiene que Assange no puede ser considerado un periodista, argumentando que no respetó los estándares mínimos de publicación. Sin embargo, el Comité para la Protección de los Periodistas y PEN America, entre otros grupos de defensa de la libertad de expresión, advierten que una posible condena de Assange podría sentar un peligroso precedente para la libertad de prensa en Estados Unidos. Esta preocupación llevó a la administración Obama a no procesar a Assange en su momento.

Assange no asistió a la audiencia en Londres por problemas de salud, según su esposa, Stella Assange, con quien se casó en prisión y tiene dos hijos. Rebecca Vincent, directora de campañas de Reporteros Sin Fronteras, presente en la audiencia, expresó su preocupación por la salud mental y física de Assange tras sus visitas a la prisión. Tras la decisión del tribunal británico, Vincent se mostró «aliviada».

Las revelaciones más impactantes de WikiLeaks provienen de colaboraciones con medios como el New York Times, incluyendo informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Estos informes permitieron ofrecer una visión más precisa de la realidad, revelando 15,000 muertes adicionales respecto a las cifras oficiales iniciales.

En 2010, WikiLeaks publicó un vídeo de 2007 en el que un helicóptero estadounidense mató a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de Reuters. La agencia de noticias había acusado al Ejército estadounidense de mentir sobre el incidente.

Además, en 2011, WikiLeaks divulgó más detalles sobre los abusos de prisioneros en Guantánamo, revelados inicialmente por CBS, AP y el New Yorker en 2004.

El Gobierno británico autorizó la extradición de Assange en 2022, pero su equipo legal ha detenido el proceso mediante múltiples apelaciones en el sistema judicial británico y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hasta ahora ha rechazado intervenir.

En marzo, la justicia británica suspendió la decisión sobre la extradición, exigiendo garantías de que Assange no sería discriminado por ser australiano y podría ejercer plenamente la Primera Enmienda en Estados Unidos. Estados Unidos ha asegurado que Assange no enfrentará la pena de muerte y podrá usar la Primera Enmienda en su defensa. Sin embargo, el tribunal británico rechazó estas garantías sobre la Primera Enmienda.

El Comité para la Protección de los Periodistas y otras organizaciones de derechos civiles insisten en que los cargos contra Assange amenazan la libertad de prensa y podrían establecer un preocupante precedente para la extradición de periodistas por publicar material clasificado de interés público.

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